La delincuencia organizada y la capacidad para investigarla

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La Procuraduría General de la República advirtió que entre las amenazas para el proceso electoral del 2012 está la participación de miembros de la delincuencia organizada como precandidatos o candidatos, así como la aportación de recursos  (o en especie) de origen ilícito en cualquier etapa del proceso electoral a favor de precandidatos, candidatos, partido político, agrupación política nacional o coalición. proyecto de reforma penal. En reunión con senadores integrantes del grupo plural de trabajo encargado de coadyuvar, investigar, cooperar y fortalecer todos los asuntos político-electorales que surjan en las elecciones que se celebrarán en diferentes estados, la procuradora Maricela Morales entregó a los senadores su proyecto de reforma penal, en el que se busca mayor capacidad de actuación de la Fepade; darle a la Fiscalía capacidad de investigación frente a delitos que son competencia de otras instancias de procuración de justicia, como es el caso del lavado de dinero; capacidad para perseguir conductas de poderes de facto que afectan la equidad de los procesos y la autenticidad del voto. “Todo esto se traduce en mayor infraestructura técnica y humana para la Fepade”, señala la PGR. Los legisladores acordaron impulsar la reforma penal electoral y, a decir del senador perredista Rubén Velázquez, quien estuvo en la reunión junto con los panistas Federico Döring, Blanca Judith Díaz y el legislador pevemista Jorge Legorreta, actualmente la Cámara de Diputados tiene en espera de ser aprobado un dictamen donde se establecen medidas contra delitos electorales. multas. Como parte de su propuesta de reforma al Código Penal federal, en materia electoral, la Procuraduría propuso la imposición de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión a quien, en cualquier momento realice, reciba o destine, a sabiendas, aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que pudiesen corresponder por la comisión de otros delitos.