Recientemente, un dictamen de la Fiscalía General de la Nación ha puesto en evidencia un caso de corrupción que ha sacudido a las fuerzas de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. La denuncia que involucra a varios miembros de la comisaría 35a. revela un esquema de pagos ilegales que se realizaban en contravención a los mandatos legales establecidos. A continuación, exploramos los detalles de este caso y las implicancias de las decisiones judiciales tomadas en relación a él.
Los Hechos
Según el dictamen presentado por el fiscal José María Campagnoli, se han podido comprobar pagos espurios a los miembros de la cúpula de la comisaría 35a., un accionar que iba en contra de la normativa legal y que aseguraba la perpetuidad de los ingresos ilícitos de los oficiales involucrados. Esta revelación no solo expone el mal proceder de una parte de la fuerza policial, sino que también arroja luz sobre la complicidad y el nivel de organización que alcanzó esta práctica dentro de la comisaría.
El caso comenzó a tomar forma cuando, en el contexto de una investigación sobre corrupción, se descubrió que la cúpula de la comisaría había establecido un sistema de recaudación ilegal que afectaba a comerciantes y cuidacoches de las zonas de Núñez y Saavedra. A cambio de este dinero, se les otorgaba “seguridad privilegiada”, un acuerdo informal pero efectivo, que mantenía a los comerciantes sujetos a las demandas del grupo.
El Dictamen de Campagnoli
En su dictamen, el fiscal Campagnoli explicó cómo se comprobó el pago ilícito que se recibía de forma sistemática, sin que existieran justificaciones legales para ello. Aparte de los pagos, se detallaron las evidentes contraprestaciones que los oficiales de la cúpula de la comisaría 35a. brindaban a sus “clientes” para asegurar el flujo continuo de dinero. Este esquema criminal, que aparentemente se extendió durante años, quedó al descubierto gracias al trabajo investigativo que incluyó registros de pagos y documentos que revelaron la magnitud de la corrupción.
La Detención de Villarreal
El caso llegó a un punto clave con la solicitud de detención de Norberto Villarreal, uno de los principales implicados en el esquema de corrupción. Villarreal, quien estaba al mando de la comisaría 35a. en el momento de los hechos, fue señalado como uno de los responsables de liderar esta red de ilícitos. El fiscal Campagnoli solicitó su detención, basándose en las pruebas reunidas, que incluían tanto testimonios como documentos que confirmaban su participación activa en los pagos ilegales.
Otros Implicados y Condenas
Varios oficiales de la comisaría 35a. también fueron procesados por su participación en el esquema corrupto. Entre ellos, se encuentran el suboficial escribiente Marciano Quiroga, el cabo Alejandro Malfetano, y el sargento Sergio Ríos. Estos fueron condenados a penas de prisión por su implicación en el caso. Sin embargo, el exjefe de la Policía de la Ciudad, José Potocar, fue absuelto de todos los cargos, ya que el tribunal consideró que no existían pruebas suficientes para su vinculación con los hechos.
Además, otros oficiales de la comisaría 35a. fueron absueltos, como la comisaria inspectora Susana Aveni y el subcomisario Hernán Kovacevich, aunque la investigación sigue revelando cómo este esquema de corrupción pudo operar con tanta impunidad durante años.
La Relevancia del Caso
Este caso de corrupción en la policía no es un hecho aislado, sino que forma parte de una serie de investigaciones sobre irregularidades dentro de las fuerzas de seguridad de la ciudad. Los pagos ilegales, las relaciones de poder y la falta de transparencia dentro de las instituciones públicas son cuestiones que siguen estando presentes en el debate social y político. La caída de varios miembros de la cúpula de la comisaría 35a. y la condena a varios de ellos, aunque bien recibida, no resuelve la pregunta más amplia sobre cómo estas prácticas continúan proliferando en las instituciones encargadas de velar por la seguridad.
Reflexión Final
La condena a los oficiales corruptos y la detención de Villarreal son pasos importantes hacia la transparencia, pero también es crucial que las investigaciones no se detengan aquí. La ciudadanía espera que la justicia continúe trabajando para erradicar la corrupción de las fuerzas de seguridad, garantizando que aquellos que violan la ley sean sometidos a las mismas sanciones que cualquier otro ciudadano.
La corrupción en la policía es un problema serio que socava la confianza pública en las instituciones y, por ende, en el sistema de justicia. Este caso es un recordatorio de que la lucha por la justicia debe ser constante y que las instituciones encargadas de velar por la ley también deben ser sometidas a una vigilancia estricta.
Referencias:
