miércoles, 1 de octubre de 2014

Mientras no haya una "conciencia del todo".

En Argentina, los movimientos políticos para las próximas elecciones presidenciales, se van inclinando hacia la problemática de la inseguridad, como uno de los puntos vitales (entre otros), de la demanda popular.

La coalición política de incipiente formación, Frente Amplio Unen, solicitó en una reunión reciente, un denominado: "Acuerdo de seguridad programática",  También tocaron otros puntos relacionados, que denotan las siguientes frases:

Con respecto a lo económico y social... “Es un momento de zozobra”.
Reclamaron al Gobierno nacional políticas para enfrentar la inseguridad y la inflación. Advirtieron sobre intentos de “copamiento” de la Justicia Federal.
Solicitaron generación de “acuerdos tripartitos entre empresarios, trabajadores y gobierno para que puedan encontrar puntos de acuerdo”.
Otra frase: “hay que tener una política de Estado preventiva para enfrentar la inseguridad”.
Enfatizaron que, “hay dos problemas coyunturales inflación e inseguridad y dos estructurales: energía y educación”.


Por otro lado, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, pide a la Justicia que sea "más rigurosa en la aplicación de la ley"...


Mientras ocurren estas movidas políticas, sin contundencia en resultados concretos y eficaces, las marchas de protestas se van intensificando, y las consignas más notorias, son: “Basta de robos y asesinatos”, “basta de inseguridad” y “basta de muerte”.
Patricio Giusto, director de Diagnóstico Político (http://diagnosticopolitico.com.ar/), explicó: “La conflictividad social aumentó notablemente en los últimos años en Argentina. Uno de los factores que explican ese crecimiento es la irrupción de los grupos de vecinos autoconvocados. Se trata de un grupo social que cobró un rol preponderante en materia de conflictividad de manera más reciente, son por definición fuerzas no organizadas, de límites difusos. No poseen un a estructura estable de miembros, ni tampoco líderes legitimados o una ideología que los encuadre”.


Mientras se generan argumentos y contra-argumentos, generalmente vacíos y estériles, los problemas crecen.
Muchos funcionarios y bloques de poderes se suelen excusar culpándose entre sí, o ejerciendo dicotomias insalvables en la discusión, pretendiendo enfocar las causas, según ideologías unilaterales.
La realidad es, que todos los problemas existen y coexisten, y, por lo tanto,  es para la totalidad, que se debe programar y encarar la solución.
La realidad es, que son todos los poderes que están fallando en su accionar.
La realidad es, que mientras no se reconozcan los problemas (y con buena dosis de autocrítica), jamás se esbozarán soluciones.
Mientras no haya una "conciencia del todo" las enmiendas serán precarias o inútiles. Mientras no haya una concertación seria, un acuerdo de plena conciencia, no habrá pilares de sustentación para las acciones.
¡Dios nos salve!
Autor: J. C. L. Rojas

domingo, 29 de diciembre de 2013

Lo que favorece la corrupción


Uno de los componentes en la problemática relacionada con la inseguridad, tiene que ver con un sistema político global, distorsionado en su andamiaje de control, regulación, y armado de las normas que sirvan de canon a los procedimientos generales que correspondan al ordenamiento de una sociedad.
Esta distorsión principal existente, tiene que ver con el manejo equivocado del concepto de autoridad. Hay una tendencia global a establecer la autoridad en un esquema de sentido vertical,  y de arriba hacia abajo, cuando en realidad, debería haber un entrelazado mixto.
Es, esta forma vertical y de sentido descendente, la que desde su raíz, favorece la corrupción y por ende la inseguridad.


Lamentablemente el humano en general no está preparado para un ejercicio de conciencia que lo lleve a actuar por sí mismo en conducta íntegra, honesta y solidaria; que es a lo que debería apuntar la educación desde el hogar, desde las instituciones y desde el estado en su conjunto. Por lo tanto, la libertad desde, (considerado en extremo), una utópica anarquía sería imposible. Mas bien será necesaria una libertad pautada desde las normas establecidas, y los controles idóneos pertinentes.
Para controlar la corrupción, uno de los aspectos desde las leyes debe considerar, mecanismos transparentes de gestión en toda la actividad pública. Controles, a su vez, que no serán enquistados en su permanencia en cuanto a su dirección y operativa vital.
Esto que consideramos, es sólo uno de los tantos items que favorece la corrupción.

Autor: Juan C. L. Rojas

sábado, 28 de diciembre de 2013

La delincuencia organizada y la capacidad para investigarla


http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=579723



La Procuraduría General de la República advirtió que entre las amenazas para el proceso electoral del 2012 está la participación de miembros de la delincuencia organizada como precandidatos o candidatos, así como la aportación de recursos  (o en especie) de origen ilícito en cualquier etapa del proceso electoral a favor de precandidatos, candidatos, partido político, agrupación política nacional o coalición.

proyecto de reforma penal. En reunión con senadores integrantes del grupo plural de trabajo encargado de coadyuvar, investigar, cooperar y fortalecer todos los asuntos político-electorales que surjan en las elecciones que se celebrarán en diferentes estados, la procuradora Maricela Morales entregó a los senadores su proyecto de reforma penal, en el que se busca mayor capacidad de actuación de la Fepade; darle a la Fiscalía capacidad de investigación frente a delitos que son competencia de otras instancias de procuración de justicia, como es el caso del lavado de dinero; capacidad para perseguir conductas de poderes de facto que afectan la equidad de los procesos y la autenticidad del voto.

“Todo esto se traduce en mayor infraestructura técnica y humana para la Fepade”, señala la PGR.

Los legisladores acordaron impulsar la reforma penal electoral y, a decir del senador perredista Rubén Velázquez, quien estuvo en la reunión junto con los panistas Federico Döring, Blanca Judith Díaz y el legislador pevemista Jorge Legorreta, actualmente la Cámara de Diputados tiene en espera de ser aprobado un dictamen donde se establecen medidas contra delitos electorales.

multas. Como parte de su propuesta de reforma al Código Penal federal, en materia electoral, la Procuraduría propuso la imposición de mil a cinco mil días multa y de cinco a 15 años de prisión a quien, en cualquier momento realice, reciba o destine, a sabiendas, aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política nacional, cuando los fondos o bienes tengan un origen ilícito, sin perjuicio de las penas que pudiesen corresponder por la comisión de otros delitos.

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